La cuarta Marcha Federal Universitaria colmó la Plaza de Mayo exigiendo el cumplimiento de una ley que el Congreso aprobó, el Senado ratificó y la Justicia avaló — pero que el gobierno se niega a aplicar
Miles de estudiantes, docentes, investigadores y familias tomaron este martes las calles de Argentina en la cuarta Marcha Federal Universitaria desde que Javier Milei asumió la presidencia. El epicentro de la protesta fue la Plaza de Mayo en Buenos Aires, donde una multitud desbordó el espacio frente a la Casa Rosada en un acto que inició pasadas las 17 horas locales.
La convocatoria fue encabezada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales, quienes llamaron a la comunidad académica y a la sociedad en su conjunto a defender la educación pública ante lo que describen como un desfinanciamiento sin precedentes en la historia argentina.
UNA LEY APROBADA, VETADA Y NUNCA APLICADA
En el centro del conflicto está la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso, vetada por Milei, ratificada por ambas cámaras con mayoría agravada de dos tercios, y respaldada por el Poder Judicial en dos instancias. A pesar de este recorrido institucional, el Poder Ejecutivo se niega a implementarla, argumentando que su aplicación plena “afecta la estabilidad económica y la macroeconomía del país”.
Los manifestantes denuncian que esta postura equivale a desconocer al Congreso y a los tribunales, colocando al gobierno por encima de la ley. El documento leído en el acto central exigió el cumplimiento inmediato de los artículos 5 y 6 de la norma, que refieren a la recomposición de salarios docentes y becas estudiantiles.
LOS NÚMEROS DEL DESFINANCIAMIENTO
| Indicador | Cifra | Período |
| Caída real de transferencias a universidades | 45.6% | 2023–2026 |
| Pérdida de poder adquisitivo docente | ~50% | Dic 2023 — Mar 2026 |
| Infación acumulada | 293.30% | Dic 2023 — Mar 2026 |
| Aumento salarial acumulado | 147.30% | Dic 2023 — Mar 2026 |
| Recorte presupuestario DA 20/2026 | $78,768 millones | 2026 |
| Becas Progresar | Congeladas desde hace 2 años | — |
LA HISTORIA DE LAS MARCHAS
Esta movilización es la cuarta de una serie que arrancó el 23 de abril de 2024, cuando más de medio millón de personas se congregaron en la Avenida de Mayo en la primera gran protesta contra el desfinanciamiento universitario. La segunda ocurrió el 2 de octubre de 2024 para impedir el veto presidencial a la ley. La tercera fue el 17 de septiembre de 2025, en simultáneo con la sesión que ratificó la norma en el Congreso. En ninguno de los tres casos el gobierno modificó su postura.
RESPALDO AMPLIO Y OPOSICIÓN ACTIVA
La marcha concitó un respaldo amplio que trascendió los claustros universitarios. La Central General del Trabajo (CGT) adhirió a la movilización, al igual que la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma. Dirigentes de la Unión Cívica Radical (UCR) encabezados por el presidente del Comité Nacional, Leonel Chiarella, marcharon desde Tucumán y Callao. El gobernador de Buenos Aires también acompañó la concentración y defendió la universidad como herramienta de igualdad.
En el trayecto hacia Plaza de Mayo, estudiantes de la Universidad Nacional de las Artes realizaron performances y coreografías. Sobre la Avenida de Mayo, un desfile de ‘viudas’ simuló velar a la ciencia, en referencia a la eliminación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Las pancartas incluyeron sátiras directas al jefe de Gabinete Manuel Adorni, investigado por enriquecimiento ilícito.
LA POSTURA DEL GOBIERNO
El Ministerio de Capital Humano salió a cuestionar las cifras del sector universitario, calificando de ‘falsas’ las denuncias de desfinanciamiento. A través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, el gobierno trabaja en un proyecto de ley propio que reconoce un atraso salarial del orden del 12% para el período 2023-2026 y prevé abonarlo en cuotas, cifra muy inferior al 37% que calculan las propias universidades.
En paralelo, la administración de Milei intimó a los rectores a garantizar el dictado de clases y a suspender medidas de fuerza, en medio de la disputa que se extendió también a los hospitales universitarios: la UBA denunció que el gobierno no transfirió recursos para insumos, mantenimiento y equipos de sus centros de salud.
| NOTA EDITORIAL: Los datos presupuestarios citados en esta nota provienen del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y medios de comunicación argentinos de amplia circulación (Infobae, Ámbito Financiero, La Nación). Las cifras oficiales del gobierno difieren de las presentadas por el sector universitario. Tipometro reporta ambas versiones y garantiza la presunción de inocencia respecto a los funcionarios mencionados. |
| ÁNGULO FRONTERIZO | Matamoros–Brownsville Lo que ocurre en Argentina no es un fenómeno aislado. En la región Matamoros–Brownsville, la educación pública también enfrenta presiones presupuestarias crónicas. En Tamaulipas, universidades como la UAT y el ITS han reportado recortes en infraestructura e investigación, mientras que del lado texano, instituciones como el TSC (Texas Southmost College) y UTB enfrentan tensiones por fondos estatales. La lucha de los universitarios argentinos resuena en cualquier comunidad fronteriza que depende de la educación pública como motor de movilidad social. El modelo de ajuste neoliberal aplicado en Buenos Aires es un espejo que invita a la reflexión en ambos lados del Río Bravo. |