El fentanilo hundió el mercado de la amapola. Los Ardillos y Guerreros Unidos, sin su negocio principal, se reinventaron cobrando piso a todo: taxistas, campesinos, mineras, alcaldes y comunidades indígenas. Ahora usan drones cargados con explosivos
Durante décadas, Guerrero fue el corazón amapolístco de México. Las montañas de la Montaña Baja y la sierra de Chilapa producían hasta el 60% de la goma de opio del país, materia prima de la heroína que cruzaba hacia Estados Unidos. El negocio era simple, predecible y, dentro de los parámetros del crimen organizado, relativamente estable: siembras en las cañadas, cosecha en primavera, trasiego hacia el norte. Guerrero era la fábrica; el mercado estadounidense era el cliente. Esa estabilidad relativa terminó con una sola sustáncia: el fentanilo.
Entre 2016 y 2020, el fentanilo —cien veces más potente que la morfina y producible en laboratorio con precursores químicos chinos por una fracción del costo— inundó el mercado estadounidense de opioides. La demanda de heroína se derrumbó. El precio de la goma de opio en Guerrero cayó de manera brutal. Los cultivos de amapola dejaron de ser rentables. Los grupos criminales que habían construido su poder sobre esa base se encontraron de pronto con territorios controlados, estructuras armadas financiadas y sin el negocio que los sostendía. Tuvieron que reinventarse. Y la manera en que lo hicieron cambió para siempre la vida de millones de guerrerenses.
LOS ARDILLOS: LA FAMILIA QUE CONSTRUYÓ UN ESTADO PARALELO
Todo comenzó con un expolicía rural llamado Celso Ortega Rosas, alias “La Ardilla”. A principios de los años 2000, Ortega Rosas cultivaba amapola en Quechultenango, a 45 kilómetros de Chilapa de Álvarez. Era un operador local, uno entre decenas en las montañas guerrerenses. Su conocimiento del territorio, de las autoridades locales y de las comunidades campesinas le dio una ventaja que aprovechó para crecer.
Cuando Ortega Rosas fue asesinado en 2011, sus hijos —Celso, Bernardo, Jorge Iván y Antonio Ortega Jiménez— tomaron el control y transformaron la organización familiar en algo cualitativamente distinto. Aprovecharon las conexiones políticas que ya tenían: Bernardo Ortega Jiménez fue diputado local en dos periodos y líer de la bancada perredista en el Congreso de Guerrero; también fue presidente municipal de Quechultenango. La organización criminal y la representación política operaron en paralelo, en la misma familia.
Cuando el mercado de heroína colapsó, Los Ardillos ya tenían lo más valioso que puede tener una organización criminal: territorio. Y decidieron cobrarlo todo.
EL MODELO DE EXTORSIÓN TOTAL: COBRAR TODO, A TODOS
Lo que construyeron Los Ardillos en la Montaña de Guerrero no es exactamente un cartel de drogas. Es algo más parecido a un Estado paralelo con un sistema fiscal criminal. Cualquier actividad económica en su territorio paga. Sin excepción.
Los taxistas pagan cuota semanal para circular. Los comerciantes pagan “piso” mensual para abrir. Los campesinos pagan para sembrar en sus propias tierras. Las empresas mineras —Guerrero tiene minas de oro y plata en la sierra— pagan protección para operar. Las autoridades municipales pagan para gobernar; quienes no pagan, como el alcalde de Chilpancingo Alejandro Arcos Catalán, aparecen muertos en octubre de 2024 dentro de un vehículo, con la cabeza colocada en el toldo. El transporte público en al menos ocho municipios está controlado directamente por el grupo. Las elecciones locales son negociadas: el grupo impone o veta candidatos a cambio de impunidad.
GUERREROS UNIDOS: EL OTRO FLANCO DEL MISMO COLAPSO
Del otro lado de la ecuación está Guerreros Unidos, escisión de la Organización Beltrán Leyva surgida tras el asesinato de Arturo Beltrán Leyva en 2009. Operan principalmente en la región centro del estado —Chilpancingo, Tixtla— y en Morelos y el Estado de México, donde se especializan en extorsión y secuestro.
Guerreros Unidos no alcanzó la notoriedad internacional hasta septiembre de 2014, cuando miembros del grupo masacraron a 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en Iguala, en una operación coordinada con la policía municipal. El caso sacudió a México y al mundo, pero no detuvo al grupo. Con sus fundadores detenidos —“El Sapo Guapo” capturado en 2014, muerto en prisión en 2021—, Guerreros Unidos se reinventó con nuevos liderazgos. Al igual que Los Ardillos, al secarse el negocio de la heroína profundizaron su modelo de extorsión sistemática en los territorios que controlan.
La combinación de Los Ardillos dominando la Montaña y Guerreros Unidos el centro del estado crea una presión de extorsión sobre Guerrero que, según el International Crisis Group, afecta a casi una de cada cinco personas en el estado: la tasa de victimización por extorsión es de 18,478 por cada 100,000 habitantes, la más alta de México.
LOS DRONES: EL SALTO TECNOLÓGICO DEL TERROR
La crisis de mayo de 2026 en la Montaña Baja marcó un punto de inflexión: Los Ardillos empezaron a usar drones cargados con explosivos contra comunidades indígenas. Desde el 6 de mayo, los sobrevuelos de drones en Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán y Alcozacán precedieron ataques con armas de alto calibre. Más de 800 familias indígenas nahuas huyeron de sus comunidades. Se refugiaron en iglesias y canchas deportivas mientras escuán detonaciones.
El Concejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) —organización comunitaria de autodefensa— denunció los ataques directamente ante el gobierno federal y acusó a los cuatro hijos de “La Ardilla” como responsables. Al mismo tiempo, el Congreso Nacional Indígena (CNI) denunció cuatro cuerpos encontrados en la carretera Chilapa–Tlapa. El saldo desde 2019: 76 asesinados y 25 desaparecidos en este mismo circuito de comunidades.
El Ejército no apareció. Según el CNI, elementos del grupo criminal se posicionaron a escasa distancia de instalaciones militares sin intervención. Las organizaciones indígenas acusaron abiertamente de complicidad a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y omisión al Ejército.
EL NÚMERO QUE EXPLICA TODO
| Indicador | Dato | Fuente |
| Producción de goma de opio en Guerrero | 60% del total nacional | SEDENA |
| Organizaciones criminales activas en el estado | Al menos 40 | International Crisis Group |
| Tasa de extorsión (por 100,000 hab.) | 18,478 — la más alta de México | INEGI / ENVIPE 2019 |
| Delitos no denunciados en Guerrero | 98% — el mayor índice nacional | INEGI |
| Probabilidad de que se resuelva un caso criminal | 0.2% — la más baja de México | Impunidad Cero |
| Desplazados en mayo de 2026 (Chilapa) | Más de 800 familias / +2,000 personas | CIPOG-EZ / CNI |
| Asesinados en comunidades del CIPOG-EZ desde 2019 | 76 confirmados | La Silla Rota / CNI |
| Desaparecidos en el mismo período | 25 | CNI |
LA RESISTENCIA QUE EL ESTADO NO PUDO DAR
Frente al abandono gubernamental, las comunidades nahuas de la Montaña no se quedaron inmóviles. Desde 2015, el CIPOG-EZ construyó una policía comunitaria propia —incluyendo jóvenes y en algunos casos niños armados que las organizaciones de derechos humanos registraron con horror y con comprensión a la vez— para defender sus pueblos ante la ausencia total del Estado. Esa resistencia comunitaria es la única razón por la que Los Ardillos no han completado su avance sobre la región.
Pero la resistencia tiene un costo. El ciclo de violencia que suma 76 muertos y 25 desaparecidos desde 2019 es también el costo de no rendirse. Las comunidades que resistieron han pagado con sangre lo que el gobierno no ha querido pagar con presencia.
LA RESPUESTA OFICIAL: TARDÍA, INSUFICIENTE, CUESTIONADA
El secretario de Seguridad Omar García Harfuch reconoció en la mañanera del 12 de mayo que Los Ardillos y Los Tlacos son los responsables del desplazamiento en Chilapa, y confirmó presencia de Guárdia Nacional y Ejército en la zona. La secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez viajó personalmente a Guerrero. Pero para las comunidades desplazadas, la respuesta llegó demasiado tarde: cuando el Ejército finalmente apareció, las familias ya llevaban días refugiadas en una iglesia escuchando explosiones.
| NOTA EDITORIAL: Esta nota se basa en información verificada de Infobae, Milenio, La Silla Rota, El Financiero, UnoTV, InSight Crime e International Crisis Group, más declaraciones oficiales del secretario García Harfuch. Las acusaciones contra funcionarios, incluyendo a la gobernadora Evelyn Salgado, provienen de denuncias públicas del CNI y CIPOG-EZ y no han sido probadas judicialmente. Tipometro garantiza la presunción de inocencia de los mencionados. Se omiten nombres de posibles víctimas menores de edad reportadas en videos comunitarios. |
| ÁNGULO FRONTERIZO | Matamoros–Brownsville Lo que ocurre en Guerrero no es un fenómeno aislado: es el mapa del futuro del crimen organizado en México. El colapso del mercado de heroína que transformó a Los Ardillos y Guerreros Unidos en maquinarias de extorsión total es el mismo fenómeno que afecta al noreste del país. En Tamaulipas, el CDG y el CDN llevan años operando esquemas de cobro de piso sistemático a transportistas, comerciantes y maquiladoras. En el corredor Matamoros–Brownsville, el impacto es directo: empresas de ambos lados del Río Bravo reportan el ‘costo criminal’ como una variable más de operación. La diferencia con Guerrero es que en Tamaulipas hay mayor densidad de fuerzas federales, más visibilidad internacional y la presencia disuasoria del cruce fronterizo. Pero la lógica es la misma: cuando el narco pierde su negocio principal, convierte al territorio en una máquina de extracción total. Guerrero es el aviso. |