Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco y presunto líder del grupo delictivo La Barredora, perdió su intento de amparo para evitar una eventual extradición a Estados Unidos.
La estrategia legal del capo que alguna vez vistió uniforme de funcionario público se derrumbó en cuestión de horas, y el argumento que la sostuvo fue, paradójicamente, el mismo que la condenó al fracaso: él mismo admitió no haber sido notificado oficialmente de ningún proceso.
El rumor que encendió la alarma
Todo comenzó el 5 de marzo pasado, al interior del Centro Federal de Readaptación Social Número 1, el Altiplano. Ese día, el propio Bermúdez Requena relató en su demanda: «personal (custodios) del Centro Federal de Readaptación Social número 1 ‘Altiplano’ me comentó que ‘ya me iba al gabacho’ porque existe una orden de extradición en mi contra, lo que se robustece con las notas periodísticas de circulación nacional que agrego al presente, sin que a la fecha se me haya notificado procedimiento dicho formalmente de extradición a solicitud de autoridades de los Estados Unidos».
En otras palabras, la fuente de su alarma no fue ningún documento oficial ni una notificación formal del gobierno mexicano o estadounidense, sino el comentario informal de sus propios custodios, reforzado por notas de prensa.
La demanda y el argumento de la defensa
Ante ese escenario, el presunto líder criminal señaló que decidió promover el juicio de amparo para proteger sus derechos, argumentando que, si realmente existe un procedimiento de extradición, éste no le ha sido notificado de manera formal, lo que le impediría ejercer su derecho de defensa dentro del proceso legal.
La demanda fue presentada ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, cuyo titular es el juez Daniel Marcelino Niño Jiménez. La defensa del exfuncionario intentó construir un caso preventivo: actuar antes de que el proceso se formalizara para blindarse legalmente desde el penal.
La respuesta del juez: un acto «futuro e incierto»
El juzgador no tardó en desestimar la solicitud. En su resolución, determinó que el recurso era improcedente al tratarse de un acto futuro e incierto, señalando además que las notas periodísticas de circulación nacional aportadas por la defensa no corroboran la existencia de un procedimiento de extradición formal, ya que en dichas publicaciones no se indica expresamente eso.
El juez subrayó que el temor de que pudiera ocurrir una acción de autoridad no constituye una violación a derechos fundamentales ni un acto jurídico impugnable mediante amparo. En términos simples: no se puede litigar contra algo que aún no existe legalmente.
La resolución implica que Hernán Bermúdez continúa bajo custodia de las autoridades mexicanas y que su situación jurídica no cambia. La negativa del amparo no implica que exista una solicitud formal de extradición en su contra.
El respaldo oficial: ninguna petición formal hasta ahora
El fiscal de Tabasco, Óscar Tonatiuh Vázquez Landeros, indicó que cualquier procedimiento de esa naturaleza debe notificarse por los canales diplomáticos y federales correspondientes, situación que hasta el momento no ocurre.
Una derrota que se suma a otra
Este no es el primer revés legal que acumula «El Abuelo» desde su reclusión. Esta negativa de amparo se suma a la registrada en enero pasado, cuando un Tribunal Federal confirmó que las cuentas bancarias de Bermúdez Requena se mantuvieran suspendidas, tras desechar su recurso para desbloquear sus activos.
El trasfondo político que no desaparece
El caso no puede entenderse sin su dimensión política. Adán Augusto López Hernández, quien lo colocó en el cargo de secretario de Seguridad y para entonces ya era secretario de Gobernación, minimizó las revelaciones sobre los vínculos de Bermúdez con el crimen organizado, calificándolas de «fantasías» y «dizque filtraciones». En contraste, el actual gobernador de Tabasco, Javier May, también de Morena, criticó a sus antecesores por mantenerlo en el cargo.
¿Qué sigue?
Un juez de Tabasco concedió previamente una prórroga de tres meses a la Fiscalía estatal para reforzar la investigación penal, por lo que este mes de marzo marca el inicio de la etapa intermedia del proceso, en la que la Fiscalía General del Estado presentará la acusación formal en su contra.
Mientras tanto, «El Abuelo» permanece en el Altiplano, el mismo penal que ha alojado a los grandes capos del narcotráfico mexicano, esperando que el sistema judicial defina si su destino final estará en los tribunales de México o en los de Estados Unidos.
Fuentes: Infobae México, La Jornada, Milenio, El Universal, El Financiero, Expansión Política.