Un reportaje de The New York Times, basado en testimonios de cuatro operativos del cártel, documenta cómo policías, militares y políticos formaron una estructura de protección que permitió al grupo criminal consolidarse como uno de los más poderosos del mundo. El gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y nueve funcionarios más enfrentan cargos en Nueva York
EU.- Durante años, el Cártel de Sinaloa no solo compró voluntades: convirtió al aparato de Estado en su propio instrumento. Esa es la conclusión central del reportaje publicado por The New York Times el viernes 16 de mayo, firmado por la periodista Paulina Villegas y titulado “Cómo un cártel del narcotráfico convirtió al estado de Sinaloa en su herramienta”. La investigación se basó en entrevistas con cuatro operativos del cártel bajo anonimato, testimonios de exfuncionarios y expedientes judiciales.
El reportaje se publicó en un momento de máxima tensión: días antes, el Distrito Sur de Nueva York presentó una acusación formal contra el gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios del estado. La acusación los señala de haber mantenido una alianza prolongada con la faccción de Los Chapitos del cártel a cambio de sobornos y apoyo político, incluyendo la manipulación de la elección de 2021 mediante robo de papeletas y amenazas a candidatos rivales.
Tres de los cuatro operativos entrevistados pertenecían a la faccción de Los Chapitos; uno estaba ligado a Los Mayos. Todos describieron un sistema de complicidad que operaba en varios niveles. Los policías municipales y estatales realizaban detenciones selectivas de rivales del cártel, informaban con antelación sobre operativos militares y llegaban a escoltar a capos con uniformes oficiales. Un operativo de 28 años, que dijo trabajar para el cártel desde los 13, relató que ciertos elementos del Ejército permitian el paso de miembros de la organización en retenes militares mediante palabras clave: “verde, R8, delta”.
La red de comunicación descrita incluía teléfonos exclusivos para que integrantes del cártel y agentes de policía compartieran en tiempo real la ubicación de retenes, movimientos de grupos rivales y zonas bajo control militar. Dos de los entrevistados describieron haber escoltado personalmente a recaudadores del cártel mientras entregaban bolsas con dólares a mandos policiales. Las consecuencias para quien rechazaba colaborar eran letales: muerte y amenazas a la familia.
| Nombre | Cargo | Señalamiento principal |
| Rubén Rocha Moya | Gobernador con licencia de Sinaloa | Sobornos + apoyo político a Los Chapitos |
| Gerardo Mérida Sánchez | Exsecretario de Seguridad Pública | Protección institucional; detenido en Arizona |
| José Antonio Dionisio Hipólito ‘Tornado’ | Exsubdirector Policía Estatal | Reuniones directas con Iván y Ovidio Guzmán |
| Marco Antonio Almanza Avilés | Exjefe Policía de Investigación FGE | Sobornos ~$16,000/mes; detenciones selectivas |
| Alberto Jorge Contreras Núñez ‘Cholo’ | Exjefe Policía de Investigación FGE | Filtró operativos de la DEA al cártel |
| Dámaso Castro Zaavedra | Exfuncionario Fiscalía Estatal | Información anticipada sobre operativos |
| Juan Valenzuela Millán ‘Juanito’ | Exmando Policía Municipal Culiacán | Permitió venta abierta de droga en calles |
Entre los acusados destaca el general Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, cuya detención en Arizona fue confirmada por el Gabinete de Seguridad mexicano. La acusación también señala a José Antonio Dionisio Hipólito, alias ‘Tornado’, exsubdirector de la Policía Estatal, quien según los fiscales sostuvo reuniones directas con Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Ovidio Guzmán López, identificados por Washington como líderes de Los Chapitos, para coordinar apoyo y protección. Poco después de que se revelara la acusación, dos exfuncionarios de Sinaloa se entregaron voluntariamente a autoridades estadounidenses; uno de ellos buscó negociar protección como testigo colaborador.
Guillermo Valdés, exdirector del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), declaró al Times que histricamente los grupos criminales de México han infiltrado corporaciones policiacas completas aprovechando los bajos salarios y la escasa protección para quienes se niegan a cooperar. Por su parte, Gina Parlovecchio, exfiscala federal de Nueva York que encabezó casos contra líderes de cárteles incluyendo al Chapo, subrayó que corromper funcionarios públicos en todos los niveles de gobierno es el mecanismo central para que estas organizaciones puedan operar.
Rocha Moya, quien se apartado temporalmente del gobierno de Sinaloa, negó los cargos y los calificó de acusaciones “Falsas y sin fundamento”. Afirmó que representan un intento de la administración de Donald Trump por socavar la soberanía de México y atacar al bloque político encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum. La Fiscalía General de la República exigió a su vez pruebas y documentos a Estados Unidos relacionados con la acusación, en el marco de una creciente tensión diplomática entre ambos gobiernos.