Matamoros–Brownsville. México atraviesa una transición demográfica acelerada que, de acuerdo con datos oficiales y organismos especializados, pondrá en jaque la sostenibilidad de su sistema de pensiones en las próximas décadas. La combinación de una fecundidad en caída libre, una población que envejece a mayor velocidad de la prevista y un gasto público que ya absorbe cuatro de cada cinco pesos del presupuesto federal en compromisos obligatorios dibuja un escenario de presión fiscal creciente.

Un país que envejece a marchas forzadas

La edad mediana de la población mexicana pasó de 29 a 32 años entre 2020 y 2025, mientras el crecimiento poblacional se desaceleró a 0.7% anual, frente al 1% registrado entre 2015 y 2020. Al mes de octubre de 2025, México sumaba 130.9 millones de habitantes.

Las proyecciones a mediano y largo plazo son más contundentes: para 2050, cerca del 24.1% de la población mexicana tendrá 60 años o más —prácticamente el doble de la proporción actual—, y para 2034 habrá más adultos mayores de 60 años que niños menores de 12. El bono demográfico, es decir, la ventana en la que la población en edad de trabajar supera ampliamente a la dependiente, se agotaría alrededor de 2030.

El colapso de la fecundidad

La Tasa Global de Fecundidad se desplomó de 1.9 hijos por mujer en 2019 a apenas 1.2 en 2024, muy por debajo del nivel de reemplazo generacional de 2.1 hijos por mujer necesario para mantener estable a la población. Otras mediciones ubican la caída desde 2.21 hijos por mujer en 2014 hasta 1.60 en 2023. Las diferencias regionales son marcadas: la Ciudad de México registra la fecundidad más baja del país, entre 0.8 y 0.96 hijos por mujer según la fuente, seguida de Baja California (1.0) y Querétaro (1.1); en el otro extremo, Chiapas se mantiene como la entidad con mayor fecundidad, entre 1.8 y 2.39 hijos por mujer.

Más años de vida, más años de pensión

La esperanza de vida actual en México es de 75.85 años en promedio (79.24 para mujeres y 72.74 para hombres), pero se proyecta que continúe en ascenso: para 2070 podría alcanzar 86.4 años en mujeres y 79.9 años en hombres. Esto significa que cada persona jubilada demandará recursos del sistema de pensiones durante un periodo cada vez más largo, sin que necesariamente haya más trabajadores activos cotizando para financiarlo.

La presión ya se refleja en las cifras

• El porcentaje de hogares mexicanos que reciben ingresos por pensión pasó de 13% en 2020 a 16.6% en 2025 —aproximadamente uno de cada seis hogares—.

• La proporción de personas jubiladas dentro de la población no económicamente activa aumentó de 8.2% en 2020 a 10.9% en 2025.

• El gasto en pensiones pasó de representar 15.92% del gasto público total en 2020 a un 16.85% proyectado para 2026.

• El presupuesto 2026 destina 1.704 billones de pesos a pensiones contributivas; sumando el apoyo a adultos mayores no contributivo (Pensión para el Bienestar), las transferencias representan cerca de 22 pesos de cada 100 pesos del gasto público.

• Para 2027, el gasto en pensiones alcanzaría 2.5 billones de pesos (6.3% del PIB), con un crecimiento real de 4.7% en las pensiones contributivas frente a apenas 0.1% de incremento real en las Pensiones para el Bienestar.

• El Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) administraba, a agosto de 2026, 78.5 millones de cuentas, de las cuales 70.5 millones corresponden a las Afores, de acuerdo con datos de la Consar.

El margen fiscal se agota

El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) advirtió que, para 2027, las pensiones y el costo financiero de la deuda pública absorberán en conjunto alrededor de 3.9 billones de pesos —más de tres veces el monto destinado a inversión pública—. Actualmente, el gasto obligatorio ya representa el 80% del presupuesto federal, dejando apenas 1.6% del PIB disponible para nuevas prioridades de política pública.

«No es el costo, es cuántos trabajadores hay por cada jubilado»

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) ha señalado que el verdadero problema de fondo no es el costo absoluto de las pensiones, sino la relación entre el número de trabajadores activos y cotizantes frente al número de personas jubiladas que dependen de ese sistema. Bajo esa lógica, la reforma al sistema de pensiones aprobada en México en 2020 dejó sin resolver el reto estructural central: una población que envejece con una base cada vez más reducida de trabajadores en edad productiva que puedan sostenerla.

Qué proponen los especialistas

• Una reforma paramétrica que incorpore la esperanza de vida y la evolución demográfica en el cálculo de edades de retiro y aportaciones.

• Constituir fondos o reservas fiscales durante los periodos de crecimiento económico, para amortiguar la presión en los años de mayor envejecimiento.

• Ampliar la cobertura del empleo formal y la participación laboral femenina, para aumentar la base de cotizantes.

• Fortalecer la recaudación fiscal como fuente complementaria de financiamiento.

• Fomentar el ahorro voluntario adicional a las cuentas de Afore, y desarrollar un Sistema Nacional de Cuidados para adultos mayores.

Conclusión

Los datos oficiales y los análisis de organismos como la Cepal y el CIEP coinciden en que la presión sobre el sistema de pensiones en México no es una hipótesis lejana, sino una tendencia demográfica y fiscal ya en marcha. La pregunta relevante para los próximos años no es si esa presión se materializará, sino qué tan rápido lo hará y qué ajustes —en edades de retiro, tasas de cotización o financiamiento público— se implementarán para evitar que el sistema colapse.