La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades por más de 104 millones de pesos en fondos federales ejercidos por el ayuntamiento de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, durante la gestión de Miguel Sánchez Altamirano, quien fue detenido días antes de darse a conocer el reporte, acusado de extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado, con presuntos vínculos al Cártel Jalisco Nueva Generación.

Lo que encontró la ASF

La auditoría revisó las cuentas públicas del municipio correspondientes a tres ejercicios fiscales consecutivos, en los que se detectaron fondos federales sin comprobar por un total de 104 millones de pesos:

• 2022: 48.9 millones de pesos sin justificar.

• 2023: 14 millones de pesos en irregularidades.

• 2024: 41 millones de pesos sin comprobar.

De acuerdo con el reporte, la administración municipal «no presentó ninguna evidencia documental que acreditara bienes y servicios» conforme a los contratos de adquisición celebrados, y tampoco pudo comprobar el pago de nómina ni la autorización de personal correspondiente al ejercicio de recursos federales. La ASF también señaló la ausencia de propuestas de proveedores y de certificaciones del padrón de proveedores, así como la falta de comprobantes de pago para las asignaciones de 2024.

El alcalde, ya detenido por extorsión y crimen organizado

El hallazgo de la ASF se conoció apenas días después de la detención de Miguel Sánchez Altamirano, alias «Quetu», ocurrida el 23 de septiembre en Ciudad Ixtepec, Oaxaca, en un operativo conjunto de la Secretaría de Marina y fuerzas de seguridad federales y estatales. Al edil se le imputan los delitos de extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado, además de una presunta relación con el grupo criminal «Los Cromo», brazo operativo del Cártel Jalisco Nueva Generación.

De acuerdo con las investigaciones, Sánchez Altamirano habría estado vinculado con actividades de extorsión y cobro de piso a comerciantes, narcomenudeo, tráfico de personas, homicidios, compra de armas, control de casas de seguridad, y habría facilitado operaciones criminales mediante el acceso a los sistemas de videovigilancia municipal. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó e inmovilizó recursos de personas relacionadas con la investigación.

En el mismo operativo fue detenido Carlos Alberto «N», alias «La Parca», señalado de controlar actividades de narcomenudeo, extorsión y tráfico de migrantes en la región. Las autoridades mantienen un operativo activo para la localización y captura de otras personas relacionadas con la red criminal.

Oaxaca disuelve el ayuntamiento

Tras la detención del alcalde, el Congreso de Oaxaca aprobó, en sesión extraordinaria, la desaparición de poderes del ayuntamiento de Juchitán de Zaragoza, con 35 votos a favor y ninguno en contra. En su lugar, se designó como autoridad temporal a Francisco Vázquez Jiménez, comunicador, bombero, paramédico y rescatista originario del municipio, quien podrá permanecer en el cargo hasta 90 días, de acuerdo con la ley estatal. Al término de ese plazo, el gobernador de Oaxaca propondrá un concejo municipal para concluir el periodo constitucional de gobierno.

Un doble frente: seguridad y transparencia

El caso de Juchitán expone un doble frente de crisis institucional: por un lado, el presunto uso del aparato municipal —incluidos sus sistemas de videovigilancia— para facilitar actividades del crimen organizado; por el otro, un manejo deficiente y sin comprobación de más de 100 millones de pesos en recursos federales durante tres ejercicios fiscales consecutivos, lo que abre la puerta a que la Federación exija el reintegro de esos fondos o inicie procesos de responsabilidad administrativa y penal contra los funcionarios involucrados en su ejercicio.