La sentencia de cadena perpetua contra Ismael “El Mayo” Zambada, dictada el lunes 20 de julio por el juez federal Brian Cogan en la Corte del Distrito Este de Nueva York, vino acompañada de una orden de decomiso sin precedentes: 15,000 millones de dólares, la cifra más alta reclamada jamás a un capo mexicano. Pero, según el propio abogado del líder cofundador del Cártel de Sinaloa, esa cifra difícilmente se traducirá en dinero real para el gobierno estadounidense.
El argumento de la defensa: no hay nada a su nombre
Frank Pérez, abogado de Zambada, aseguró en entrevista con el periodista Ángel Hernández que el gobierno de Estados Unidos no ha identificado ninguna propiedad concreta que pueda embargar. “Las personas de ese nivel no tienen nada a su nombre”, según explicó Pérez, en alusión a que las estructuras patrimoniales de los grandes capos suelen operar a través de terceros, testaferros y empresas fachada, nunca de manera directa.
“No hay manera de que pueda pagar eso. El gobierno no identificó ninguna propiedad, no identificó nada”
¿De dónde sale la cifra de 15 mil millones?
Es importante entender qué representan realmente esos 15,000 millones de dólares: no corresponden a un saldo bancario identificado ni a bienes ya confiscados. Se trata de una estimación judicial construida a partir del volumen histórico de drogas traficadas por la organización, el valor de mercado de esas sustancias, los bienes que sí han sido identificados hasta ahora y el flujo de dinero presuntamente lavado durante décadas de investigación. Es, en otras palabras, una cifra sobre el papel: una orden judicial que autoriza al gobierno a perseguir ese monto, no un monto que ya esté en sus manos.
Un patrón que ya se vio con ‘El Chapo’
La cifra ordenada contra Zambada supera en 2,400 millones de dólares la que se le impuso en 2019 a Joaquín “El Chapo” Guzmán, también cofundador del Cártel de Sinaloa. Sin embargo, el historial reciente sugiere que la brecha entre lo ordenado y lo efectivamente recuperado suele ser enorme: el fondo de bienes asegurados del gobierno estadounidense reportó 2,070 millones de dólares en 2019, cayó en 2020 y 2021, y alcanzó en 2023 una cifra récord de apenas 3,184 millones de dólares. Es decir, en su mejor año, el gobierno de EE.UU. recuperó en total una fracción de lo que ahora reclama solo a Zambada.
Para el académico Víctor Manuel Sánchez Valdés, de la Universidad Autónoma de Coahuila, esta discrepancia podría no ser casual, sino una forma de operar del sistema judicial estadounidense: aceptar la cifra estimada que se presente en el juicio y, después, intentar recuperarla con el tiempo, aunque el monto real recuperado termine siendo mucho menor al anunciado.
Lo que Zambada sí está obligado a hacer
Aunque no existan bienes identificados hoy, la sentencia sí impone condiciones concretas: Zambada quedó obligado a firmar todos los documentos necesarios para transferir al gobierno federal estadounidense la titularidad de cualquier bien que llegue a identificársele, y tiene prohibido asistir o colaborar con terceros que intenten impugnar el decomiso. Además, el gobierno de EE.UU. ya rechazó una petición de terceros para participar en el proceso de confiscación, al considerar que no tenían legitimidad jurídica —aunque el tema podría derivar en nuevos litigios.
¿México podría reclamar una parte?
La presidenta Claudia Sheinbaum ha dejado abierta la posibilidad de que el gobierno mexicano solicite a la Fiscalía General de la República evaluar si México reclama una parte de los recursos que llegaran a decomisarse, aunque aclaró que la cifra de 15,000 millones de dólares aún no representa dinero ya asegurado, sino una orden judicial en proceso.