El titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, afirmó que solicitó durante año y medio a EEUU la detención del pugilista sin obtener respuesta
El caso de Julio César Chávez Jr. ha puesto a la Fiscalía General de la República (FGR) en la mira porposibles omisiones en la persecución del crimen organizado. Acusado de tener vínculos con el Cártel de Sinaloa, el boxeador fue detenido en Estados Unidos el pasado 2 de julio de 2025 por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), pese a que contaba con una orden de aprehensión vigente en México desde el 14 de enero de 2023.
La detención ocurrió casi un año y medio después de que el juez de Distrito emitiera el mandamiento judicial por su presunta participación en delitos de delincuencia organizada con fines de tráfico de armas, municiones y explosivos. Aun así, durante todo ese periodo, el hijo del campeón mundial de boxeo no solo permaneció en libertad, sino que cruzó varias veces la frontera sin ser arrestado.
Las fechas —tanto las proporcionadas por la Fiscalía General de la República (FGR) como las divulgadas oficialmente por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos— muestran que hubo al menos dos momentos en que Chávez Jr. estuvo físicamente en México y no fue detenido por las autoridades mexicanas.
Las dos últimas veces que pisó México
De acuerdo con el comunicado oficial del DHS publicado el 3 de julio, Chávez Jr. ingresó legalmente a Estados Unidos el 4 de agosto de 2023 con una visa de turista B2 válida hasta febrero de 2024.
En ese momento ya estaba vigente la orden de aprehensión girada por un juez mexicano desde el 14 de enero de ese año, es decir, el boxeador habría estado en México al menos siete meses.
No obstante, esa no fue la única oportunidad para capturarlo.
En total, Chávez Jr. habría pasado al menos dos periodos en territorio mexicano (de enero a agosto de 2023 y nuevamente en diciembre de 2024) sin que se ejecutara el mandamiento judicial.
De acuerdo con la información del Departamento de Seguridad Nacional, en abril de 2024, Chávez Jr. solicitó la residencia permanente en Estados Unidos con base en su matrimonio con una ciudadana estadounidense. Sin embargo, el gobierno federal lo consideró una amenaza para la seguridad pública debido a presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, derivados de su relación con Frida Muñoz —su esposa actual y expareja de Édgar Guzmán López, el hijo fallecido de Joaquín “El Chapo” Guzmán—.
En diciembre de 2024, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) reportó a Chávez Jr. como una amenaza pública grave, pero un sistema interno del Departamento de Seguridad Nacional estableció que su caso “no era prioritario” para la aplicación de la ley migratoria.
Posteriormente, y pese a la alerta que se activó en EEUU, se le permitió entrar nuevamente al país vecino del norte el 4 de enero de 2025.
Finalmente, luego de comprobar múltiples declaraciones falsas en su solicitud de residencia, ICE consideró que Chávez Jr. estaba de forma ilegal en el país y procedió con su detención el 2 de julio de 2025, activando el proceso de deportación acelerada.
FGR rechaza amparos, pero no explicó por qué no actuó antes
Tras la detención, el fiscal Alejandro Gertz Manero reveló este domingo 7 de julio que la defensa del boxeador ha presentado entre cinco y seis amparos para evitar que sea arrestado al llegar a México. “Los abogados en México están solicitando un amparo para que no se le detenga”, explicó. No obstante, aclaró que todos han sido negados por improcedentes, ya que el deportista aún no ha sido entregado formalmente a las autoridades mexicanas.
Hasta ahora, la FGR no ha explicado por qué no ejecutó la orden de aprehensión durante los meses que Chávez Jr. permaneció en México, antes de su ingreso a Estados Unidos en agosto de 2023, ni tampoco en su regreso a finales de 2024. Tampoco ha dado detalles sobre los motivos por los cuales permitió que el boxeador viajara sin restricciones, a pesar de tener una acusación formal por delitos graves.
Sin embargo, Gertz aseguró que la Fiscalía envió solicitudes y notificaciones durante un año y medio a las autoridades estadounidenses para lograr su detención y que incluso el padre del pugilista “ha señalado que este individuo vivía protegido por las leyes americanas (sic) cuando sabían que nosotros llevamos año y medio presentando una serie de solicitudes para que nos lo entregaran y no nos habían hecho caso”.
La primera audiencia de Julio César Chávez Jr. en Estados Unidos para definir su proceso de deportación está prevista para este lunes 8 de julio.