Agencias.- La reforma constitucional anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum para reducir las pensiones millonarias que obtienen ex funcionarios de empresas públicas y banca de desarrollo sí podrá aplicarse en cuanto se promulgue, porque el principio de no retroactividad no se aplica en modificaciones a la Carta Magna y así lo establecen además tesis jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), advirtieron legisladores de Morena.
Sobre la polémica suscitada entre opositores, quienes aseguran que esa reforma –que llegará al Senado la próxima semana– no puede disminuir las pensiones actuales de la llamada burocracia dorada, porque violaría el artículo 14 constitucional, el cual señala que “a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna”, el senador Enrique Inzunza Cázarez aclaró que es una interpretación incorrecta.
Expuso que la Constitución son las únicas normas de todo el sistema jurídico que pueden aplicarse de manera retroactiva, si el propio Poder Constituyente Permanente, que es el revisor de la Carta Magna, así lo dispone, y hay jurisprudencia que data de hace más de un siglo.
Ex presidente del Tribunal de Justicia de Sinaloa, Inzunza Cázarez explicó que una de las tesis jurisprudenciales de la SCJN –referida a la inconformidad 357/2001– indica que el poder revisor de la Constitución (es decir, la modificación aprobada por ambas cámaras del Congreso de la Unión y la mayoría de las legislaturas locales) puede dar a una reforma a la Carta Magna “el ámbito temporal de validez que estime conveniente, e incluso puede darle efectos retroactivos… Todo ello en aras de respetar la supremacía constitucional”.
Es decir, agregó, con esa reforma al artículo 127 constitucional, las pensiones de ex funcionarios que ahora perciben cantidades millonarias se podrán reducir a 50 por ciento del ingreso que percibe el titular del Ejecutivo federal.
Napoleón Gómez Urrutia, diputado de Morena con licencia, comentó que no sólo es legal la propuesta de la Presidenta, sino justa, porque “un grupo de privilegiados se asignaron o lograron que les asignaran pensiones estratosféricas, como la de un millón de pesos mensuales que percibe un ex directivo de Luz y Fuerza, la empresa eléctrica liquidada por Felipe Calderón, mientras trabajadores con toda una vida de trabajo reciben cantidades “miserables”.
Es el caso, recalcó, de ex trabajadores de Fundidora Monterrey, empresa “que quebró y cerró Carlos Salinas de Gortari”, cuyas pensiones son de 3 mil pesos al mes. En contraparte, ex funcionarios como Óscar Espinosa, José Ángel Gurría y el propio ex presidente Ernesto Zedillo se pensionaron por algunos años de trabajo en Nacional Financiera y el Banco de México.
Son pensiones, agregó el senador morenista Pavel Jarero, que representan “una sangría de 5 mil millones de pesos anuales”. Agregó que se espera que llegue el lunes al Senado, donde se le dará trámite inmediato.