‘Blindan’ Sinaloa tras licencia de Rubén Rocha: así operan los dispositivos Sable, Chipahua y Alacrán

El Gabinete de Seguridad federal se plantó en Culiacán con cuatro operativos simultáneos, 15 buques de la Marina y más de 1,600 elementos desplegados en el estado

Sinaloa amaneció con gobernadora interina el 4 de mayo de 2026. Rubén Rocha Moya solicitó licencia a su cargo después de que autoridades estadounidenses lo señalaran por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. En respuesta, el Gobierno federal envió un mensaje inequívoco: el estado no quedará desprotegido.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, encabezó la reunión número 14 del Gabinete de Seguridad desde las instalaciones de la IX Zona Militar en Culiacán, acompañado por los titulares de Defensa Nacional y Marina, y por la nueva gobernadora interina, Yeraldine Bonilla.

“Venimos a garantizar que se mantendrá la coordinación permanente con las autoridades del estado y que la gobernadora Yeraldine tendrá todo el apoyo del Gobierno de México.”

Las autoridades presentaron cuatro operativos activos en Sinaloa, cada uno con objetivos diferenciados y fuerzas especializadas.

LOS CUATRO OPERATIVOS
OperativoObjetivo
Operación SableVigilancia general y reducción de índices de violencia en todo el estado. Apoyo a autoridades locales.
Operación ChipahuaUnidades de élite para la captura y neutralización de objetivos prioritarios generadores de violencia.
Fuerza de Tarea AlacránDetección e inhabilitación de laboratorios clandestinos, plantíos de enervantes y campamentos del crimen organizado.
Operación BaluarteControl urbano en Mazatlán: presencia naval permanente, drones, motocicletas y puestos fijos de seguridad.
EL DESPLIEGUE EN CIFRAS
Buques de la Marina15 embarcaciones activas en litorales sinaloenses
Elementos desplegados1,628 efectivos de la Secretaría de Marina
Armas incautadas (2 años)Miles de armas desde el inicio del conflicto entre facciones
Droga asegurada70 toneladas en el periodo de operaciones
Detenidos por alto impactoCasi 2,400 personas en los últimos dos años
Tres ejes prioritariosReducir homicidios • Capturar generadores de violencia • Fortalecer instituciones
LA SITUACIÓN DE ROCHA MOYA

García Harfuch confirmó que el gobernador con licencia cuenta con protección de la Guardia Nacional, aunque aclaró que no fue una solicitud de Rocha Moya, sino una recomendación del Gabinete de Seguridad basada en evaluaciones de riesgo. El funcionario precisó que no existen amenazas directas contra él, pero que la situación en Sinaloa justifica la medida.

Respecto a los señalamientos de Estados Unidos, García Harfuch fue contundente: durante toda la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, el gobierno federal no tuvo ningún indicio de vínculos entre Rocha Moya y el crimen organizado, ni obstrucción de su parte a los operativos federales.

El congreso de Sinaloa determinó que la licencia no tiene plazo fijo y que, al concederse, Rocha Moya perdió el fuero que le correspondía como gobernador. Su caso estará en manos de la Fiscalía General de la República (FGR), mientras que la distinción legal entre la solicitud de “detención provisional” presentada por EE.UU. y una extradición formal sigue en anlisis por la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal.

ÁNGULO FRONTERIZO

Desde Matamoros y el corredor con Brownsville, la crisis en Sinaloa resuena con fuerza. La presión de Washington sobre funcionarios mexicanos con presuntos nexos con el narcotráfico no es un fenómeno aislado: en Tamaulipas, la vigilancia estadounidense sobre autoridades locales y federales ha sido una constante desde la cáida de los grandes capos del Cártel del Golfo.

El patrón que se repite en Sinaloa —señalamiento estadounidense, licencia del funcionario, despliegue militar masivo— es un protocolo que la frontera tamaulipeca ya conoce bien. La pregunta que se hacen analistas de seguridad en ambos lados del río Bravo es si el modelo de contención militar puede sostener la paz en un estado donde la guerra entre facciones del Cártel de Sinaloa lleva más de dos años sin solución definitiva.