Dos vías distintas buscan que la Corte Penal Internacional (CPI) investigue al expresidente Andrés Manuel López Obrador por presuntos crímenes de lesa humanidad: un análisis jurídico del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Berkeley, y una denuncia formal presentada por el Partido Acción Nacional (PAN) en junio pasado. Hasta ahora, la Corte no ha abierto una investigación ni se ha pronunciado oficialmente sobre ninguna de las dos.
El análisis de Berkeley: cinco mecanismos de persecución
El estudio, encabezado por la investigadora Lindsay Freeman, documenta cinco mecanismos que, según el centro, constituyen una política sistemática de persecución: la estigmatización diaria de periodistas y críticos desde las conferencias matutinas presidenciales; el uso de redes de bots para el hostigamiento en redes sociales; el espionaje ilegal mediante software militar como Pegasus y Geomatrix; el uso de tribunales contra voces críticas —lo que el análisis describe como «lawfare»—; y tasas de impunidad de entre 93% y 99% en los casos documentados.
De acuerdo con el centro, durante el sexenio anterior fueron asesinados 78 periodistas y 259 defensores de derechos humanos, 337 víctimas en total. El equipo de Berkeley se ha preparado para presentar formalmente ese expediente como un dossier ante la Fiscalía de la CPI en La Haya, encuadrando los hechos bajo el artículo 7 del Estatuto de Roma —que tipifica los crímenes de lesa humanidad— y bajo la política más reciente de la Corte sobre crímenes facilitados por medios cibernéticos. Se trata, hasta ahora, de trabajo preparatorio de cara a una posible denuncia formal, no de una investigación abierta por la Corte.
La denuncia del PAN
Por separado, el PAN presentó el 7 de junio de 2026 una denuncia ante la CPI en la que responsabiliza a López Obrador de crímenes de lesa humanidad, citando más de 200 mil homicidios y más de 150 mil personas desaparecidas durante su gobierno, reclutamiento forzado de jóvenes por parte de grupos criminales, desplazamiento forzado de comunidades y el control territorial del crimen organizado en distintas regiones del país. El partido sostiene que estos hechos no fueron incidentes aislados, sino consecuencia de una política deliberada, en referencia directa a la estrategia de seguridad conocida como «abrazos, no balazos».
El PAN argumenta que acudió a la instancia internacional porque considera que las instituciones nacionales enfrentan dificultades para garantizar investigaciones independientes sobre estos hechos. Hasta la fecha, no se ha reportado una respuesta pública de la Corte Penal Internacional sobre si existen elementos suficientes para abrir una investigación formal contra el expresidente.
Lo que esto significa —y lo que no— por ahora
Es importante distinguir entre «existen elementos para investigar» y «la Corte está investigando». Ambas iniciativas —la de Berkeley y la del PAN— argumentan que hay bases jurídicas suficientes bajo el Estatuto de Roma para que la Fiscalía de la CPI abra una indagatoria, pero ninguna institución de la Corte ha confirmado que dicho proceso esté en marcha. La decisión de abrir o no una investigación formal corresponde exclusivamente a la Oficina del Fiscal en La Haya.