El gobernador de Sinaloa admitió en 2023 proteger a un funcionario acusado de acoso en el Centro de Justicia para Mujeres. El mismo patrón se repitió con Enrique Inzunza. Hoy ambos enfrentan cargos federales en EE.UU. por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.
CULIACÁN / CIUDAD DE MÉXICO. — En 2023, medios de comunicación documentaron que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, había decidido mantener en su cargo a un auxiliar jurídico del Centro de Justicia para las Mujeres del estado, a pesar de que existían señalamientos de acoso sexual en su contra por parte de trabajadoras de la misma institución. Cuando fue confrontado públicamente, Rocha Moya no negó conocer la situación.
Su argumento fue revelador: no había denuncia formal porque las mujeres tenían miedo de interponerla. En lugar de interpretar ese miedo como una señal de urgencia, el gobierno estatal lo utilizó como pretexto para la inacción. El funcionario permaneció en su puesto hasta mayo de 2023.
El gobernador admitió que las mujeres no denunciaban por miedo — y usó ese miedo como justificación para no actuar. El acosador siguió trabajando en el Centro de Justicia para las Mujeres.
El episodio pasó con relativa poca cobertura nacional. Pero estableció un patrón que se volvería a repetir, esta vez en un nivel muchísimo más alto.
El mismo patrón, distinto nivel de poder: Inzunza y la denuncia congelada
Enrique Inzunza Cázares no era un auxiliar jurídico. Era el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa. Y desde 2018 cargaba con una denuncia penal formal —con expediente CLN/AEDSEX/003107/2018/CI— interpuesta por la jueza Ana Karina Aragón Cutiño, quien lo acusó de enviarle material sexual explícito sin su consentimiento entre 2016 y 2017, así como de acoso, hostigamiento y amenazas laborales.
La denuncia fue archivada con un presunto perdón de la víctima que la propia jueza desmintió: declaró que fue obtenido bajo presión y nunca ratificado. Como represalia, en 2019 le retiraron la escolta de seguridad que había obtenido tras presentar la acusación. Cuando en 2024 intentó ampliar la denuncia ante la FGR en persona, ella y sus abogados fueron amedrentados por personal de la propia fiscalía.
Inzunza era el hombre de confianza de Rocha Moya: primero como magistrado, luego como secretario de Gobierno. La denuncia de 2018 estuvo activa durante todo ese tiempo. Nadie la movig.
En 2024, el video íntimo que Inzunza habría enviado sin consentimiento circuló masivamente en redes sociales durante la campaña. Feministas marcharon con la consigna “Un violador no puede ser senador”. La Ley 3 de 3 no se aplicó por ausencia de sentencia firme. Morena sostuvo la candidatura. Inzunza llegó al Senado en junio de 2024.
Dos casos, un mismo patrón de protección institucional
| Funcionario CJM (2023) | Enrique Inzunza (2018–2024) | |
| Cargo del acusado | Auxiliar jurídico | Presidente del Tribunal de Justicia |
| Denuncia formal | No (por miedo, según Rocha) | Sí. Exp. CLN/AEDSEX/003107/2018 |
| Respuesta institucional | Protegido en su cargo hasta may. 2023 | Expediente archivado con ‘perdón’ forzado |
| Represalia a la víctima | No documentada | Retiro de escolta; amedrentamiento en FGR |
| Postura de Rocha Moya | Lo defendió públicamente | Lo lanzó al Senado como candidato |
| Consecuencias legales | Retiro del cargo en 2023 | Ninguna. Llegó al Senado en 2024 |
2026: la justicia mexicana no llegó, pero la estadounidense sí
El caso tomó una nueva dimensión en 2026, cuando el Distrito Sur de Nueva York presentó cargos federales contra Rubén Rocha Moya, Enrique Inzunza y otros funcionarios sinaloenses por presuntos vínculos con Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa. Según la acusación, ambos habrían acordado proteger operaciones de tráfico de drogas a cambio de apoyo político y económico, con Inzunza actuando como enlace directo entre el gobierno estatal y la organización criminal.
El 1 de mayo de 2026, Rocha Moya solicitó licencia del gobierno de Sinaloa. Permanece en el estado. La presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad Omar García Harfuch se contradijeron públicamente sobre si Rocha cuenta o no con escolta federal. La Unidad de Inteligencia Financiera habría ordenado el congelamiento de cuentas de ambos. Inzunza permanece en Badiraguato protegido por el fuero senatorial.
La denuncia de acoso de la jueza Ana Karina Aragón, mientras tanto, sigue sin resolución en México. La víctima, que en 2025 fue elegida jueza de distrito por voto popular, lleva ocho años esperando que el sistema que la victimizó le dé una respuesta. Hasta hoy, no ha llegado.