El presidente demandó a su propio gobierno, su propio Departamento de Justicia resolvió el caso a su favor y el resultado es el “Anti-Weaponization Fund”: un fondo federal sin supervisión independiente, controlado por Trump, del que podrían beneficiarse los acusados del asalto al Capitolio del 6 de enero.
WASHINGTON. — En un movimiento calificado como sin precedente por expertos legales, historiadores y funcionarios de ambos partidos, el presidente Donald Trump obtuvo esta semana un fondo gubernamental de mil 776 millones de dólares de dinero federal para distribuir entre personas que él considere víctimas de “persecución política”. El mecanismo, denominado oficialmente Anti-Weaponization Fund, surgió de un acuerdo extrajudicial que resolvió una demanda del propio Trump contra el Servicio de Impuestos Internos (IRS) —organismo que depende del gobierno que él mismo encabeza.
El origen del caso se remonta a la filtración, entre 2018 y 2020, de las declaraciones fiscales de Trump al New York Times. En 2023, el ex contratista del IRS Charles Littlejohn se declaró culpable por ese delito. Trump, en lugar de dar por cerrado el asunto con la condena del responsable, presentó una demanda civil contra el gobierno federal exigiendo 10 mil millones de dólares en daños. El juez a cargo del caso amenazó con desecharlo por ser jurídicamente incoherente: el presidente estaba demandando al erario público para que le pagara a él mismo. Antes de ese desenlace, el Departamento de Justicia intervino y negóció el acuerdo.
“El presidente acaba de robarse mil 800 millones de todos nosotros y están creando un fondo para recompensar a sus aliados políticos. Nunca he visto algo como esto en mis 50 años en la política. Frente a esto, Nixon se ve como un Boy Scout.” — Robert Reich, ex secretario de Trabajo de EE.UU.
El acuerdo establece que el fondo será administrado por una comisión de cinco integrantes designados por el fiscal general interino Todd Blanche, quien antes de asumir ese cargo fue el abogado personal de defensa de Trump. Cuatro de los cinco miembros serán nombrados directamente por Blanche. Además, Trump podrá destituir a cualquier integrante de la comisión en cualquier momento y sin necesidad de justificación. No hubo aprobación del Congreso. No hubo supervisión judicial independiente.
Cómo funciona el Anti-Weaponization Fund
| Elemento | Detalle |
| Nombre oficial | Anti-Weaponization Fund |
| Monto | $1,776 millones de dólares |
| Origen del dinero | Judgment Fund del Tesoro federal (dinero de contribuyentes) |
| Origen legal | Acuerdo extrajudicial: demanda Trump vs. IRS |
| Administrador | Comisión de 5 miembros designados por Todd Blanche (ex abogado de Trump) |
| Control de Trump | Puede remover a cualquier miembro sin causa en cualquier momento |
| Supervisión del Congreso | Ninguna |
| Supervisión judicial | Ninguna |
| Criterio de elegibilidad | Haber sido “inapropiadamente perseguido por razones políticas” |
| Posibles beneficiarios | ~1,600 acusados del 6 de enero de 2021, entre otros aliados |
El Departamento de Justicia describió a los potenciales beneficiarios como personas que crean haber sido “inapropiadamente perseguidas por razones políticas, personales o ideológicas”, sin publicar una lista de elegibilidad ni definir un estándar probatorio. Entre los primeros mencionados figuran las aproximadamente mil 600 personas acusadas por su participación en el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021. Varios de ellos ya recibieron indultos presidenciales al inicio del segundo mandato de Trump; ahora podrían recibir también compensación económica con fondos federales.
El vicepresidente J.D. Vance, interrogado directamente sobre si quienes hirieron a policías ese día podrían recibir pagos del fondo, rehusó descartarlo. La postura del gobierno es que cualquier persona que alegue haber sido víctima de “use política del aparato estatal” tiene derecho a reclamar, independientemente de los hechos concretos que motivaron su procesamiento.
Trump también obtuvo, en el mismo acuerdo, inmunidad frente a investigaciones fiscales pendientes del IRS, lo que le representaría un ahorro personal estimado en 100 millones de dólares en pagos tributarios.
El acuerdo tuvo un componente adicional que pasó con menos atención mediomática: como parte de la resolución, el IRS aceptó retirar las investigaciones fiscales pendientes contra Trump. Según analistas citados por La Jornada, eso representa para el presidente un ahorro personal de aproximadamente 100 millones de dólares en obligaciones tributarias. En paralelo, reportes de la Comisión de Contratación de Futuros de Mercancías indican que investiga movimientos “sospechosos” de especulación en mercados de petróleo registrados justo después de que Trump aplazara acciones militares contra Irán en marzo pasado.
La reacción política fue amplia e inmediata. El ex candidato presidencial Al Gore, los gobernadores de Illinois y California, legisladores demócratas veteranos e historiadores constitucionalistas calificaron el conjunto de movimientos financieros de Trump durante la semana como parte de la “presidencia más corrupta en la historia de Estados Unidos”. El Grupo de Litigación Demócrata en la Cámara de Representantes anunció que intentará bloquear el acuerdo legalmente, argumentándolo como “beneficios propios” del presidente.
| ⚠️ NOTA EDITORIAL — CRITERIOS DE PUBLICACIÓN: Este reportaje se basa en información verificada de: CNN en Español, Al Jazeera, PBS NewsHour, La Jornada, El Tiempo Latino y CiberCuba, a partir de documentos judiciales públicos, comunicados del Departamento de Justicia de EE.UU. y declaraciones de funcionarios en ejercicio. Las citas de Robert Reich y J.D. Vance corresponden a declaraciones públicas documentadas. Este reportaje distingue entre hechos verificados y posibles usos futuros del fondo que aún no han sido confirmados oficialmente. |