La acusación formal es un documento de 34 páginas con alegaciones específicas: montos de sobornos, fechas de reuniones, nombres de responsables y mecánicas de protección a cargamentos. Sin embargo, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México informó que las solicitudes de detención provisional con fines de extradición no incluyen pruebas anexadas.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) presentó el miércoles 29 de abril una acusación formal ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York contra el gobernador morenista de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otras nueve personas —entre funcionarios y exfuncionarios del estado— por presuntos delitos de narcotráfico, posesión ilegal de armas automáticas y conspiración criminal con el Cártel de Sinaloa.
El caso fue anunciado por el fiscal federal Jay Clayton y el administrador de la DEA, Terrance C. Cole, y fue asignado a la jueza federal Katherine Polk Failla. Según la acusación, los implicados formaron parte de una conspiración «corrupta y violenta» para importar cantidades masivas de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina hacia territorio estadounidense a cambio de apoyo político y millones de dólares en sobornos.
CÓMO LLEGÓ ROCHA MOYA AL PODER, SEGÚN EU
La acusación detalla que los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán —conocidos como Los Chapitos— apoyaron la candidatura de Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa en 2021 mediante el secuestro e intimidación de sus rivales políticos. Una vez electo y desde el 1 de noviembre de ese año, el gobernador habría asistido a reuniones con líderes del cártel y prometido protección para sus operaciones de tráfico de droga hacia Estados Unidos.
El documento del DOJ señala que, como gobernador, Rocha Moya permitió que Los Chapitos consolidaran un control casi total sobre las fuerzas del orden del estado, incluyendo la Fiscalía General de Sinaloa, su Policía de Investigación, la Policía Estatal y la Policía Municipal de Culiacán.
EL CASO MÁS GRAVE: EL ASESINATO DE UN INFORMANTE DE LA DEA
El caso del excomandante Juan Valenzuela Millán, alias ‘Juanito’, es el más severo del expediente. La acusación lo señala como responsable del secuestro, tortura y asesinato de una fuente confidencial de la DEA y un familiar de esta, ocurridos en octubre de 2023. Según el DOJ, ambas víctimas fueron eliminadas al ser sospechosas de colaborar con las investigaciones estadounidenses. Por ello, Valenzuela Millán es el único acusado con pena mínima obligatoria de cadena perpetua.
¿TIENE PRUEBAS ESTADOS UNIDOS?
La acusación formal es un documento de 34 páginas con alegaciones específicas: montos de sobornos, fechas de reuniones, nombres de responsables y mecánicas de protección a cargamentos. Sin embargo, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México informó que las solicitudes de detención provisional con fines de extradición no incluyen pruebas anexadas.
La Fiscalía General de la República (FGR), a través de su vocero Ulises Lara López, señaló que «dicha solicitud no se acompaña de elementos probatorios suficientes que aporten evidencias contundentes respecto de los hechos narrados», y que abrirá una investigación para determinar si los cargos tienen fundamento. Lara López también precisó que Rocha Moya y algunos acusados gozan de inmunidad procesal, por lo que el Congreso tendría que desaforarlos antes de poder procesarlos penalmente en México.
En el sistema legal estadounidense, la etapa actual —el indictment— no requiere presentar toda la evidencia públicamente. Las pruebas se revelan al tribunal durante el proceso judicial, lo que significa que el expediente completo podría ser más extenso de lo que México ha recibido hasta ahora.
REACCIONES
El gobernador Rubén Rocha Moya rechazó los señalamientos a través de sus redes sociales: «Rechazo categórica y absolutamente las imputaciones formuladas en mi contra, ya que carecen de veracidad y fundamento alguno. Y así se demostrará, con toda contundencia, en el momento oportuno.» Calificó la acusación como parte de «una perversa estrategia para violentar el orden constitucional» y un «ataque» a la Cuarta Transformación.
Ricardo Monreal, líder de los diputados de Morena, declaró que la acusación «es un asunto político» y no uno basado en evidencia, mientras que Morena como partido advirtió que una extradición sin elementos de prueba «vulnera principios básicos del debido proceso». En sentido contrario, el PRI calificó los hechos como prueba de que Morena «es un narcopartido», y Movimiento Ciudadano exigió que la presidenta Claudia Sheinbaum se deslinde de Rocha y permita que sea investigado.
El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, indicó en un comunicado que «la corrupción que facilita el crimen organizado y perjudica a ambos países será investigada y procesada en todos los casos en que aplique la jurisdicción de Estados Unidos.»
EL ÁNGULO FRONTERIZO: LO QUE SIGNIFICA PARA MATAMOROS Y TAMAULIPAS
Para la región fronteriza de Matamoros y Brownsville, esta acusación tiene implicaciones directas. El fentanilo mencionado en el expediente del DOJ es la misma droga que cruza el Río Bravo hacia el Valle del Río Grande y que ha generado una crisis de sobredosis sin precedentes en el sur de Texas. Cada cargamento que transita por México hacia EU pasa por corredores que incluyen la frontera tamaulipeca.
Además, el precedente legal es relevante para Tamaulipas: si EU consolida su estrategia de acusar formalmente a gobernadores mexicanos por vínculos con el crimen organizado, los focos de atención de la DEA y el DOJ podrían extenderse a otros estados fronterizos. La acusación de hoy marca el punto más alto en la escalada de presión estadounidense contra la clase política mexicana vinculada al narco.
En términos comerciales, la incertidumbre generada por este tipo de acusaciones tiende a afectar la percepción de estabilidad institucional en México, lo que puede traducirse en cautela de los inversionistas de maquiladoras y logística en toda la franja fronteriza, incluyendo el corredor Matamoros-Brownsville.
¿QUÉ SIGUE?
| Paso | ¿Qué implica? |
| Investigación FGR | La Fiscalía mexicana determinará si los cargos tienen fundamento legal suficiente para solicitar órdenes de aprehensión. |
| Desafuero legislativo | Rocha Moya e Inzunza Cázarez requieren que el Congreso les retire la inmunidad procesal antes de ser procesados en México. |
| Solicitud formal de extradición | EU deberá presentar el expediente probatorio completo ante las autoridades mexicanas para que el proceso prospere. |
| Juicio en EU | Si fueran extraditados, enfrentarían juicio ante la jueza Katherine Polk Failla en el Distrito Sur de Nueva York. |
| Precedente diplomático | El caso sienta un precedente inédito al señalar a un gobernador en funciones, lo que tensará la relación bilateral México-EU. |