Gobernación niega que EU investigue a Mario Delgado y Adán Augusto López

La Secretaría de Gobernación calificó de ‘falsa’ la versión difundida por Mario Di Costanzo sobre investigaciones del DOJ contra ambos políticos. Sin embargo, columnas de análisis y fuentes periodísticas ubican a Delgado en una primera lista de expedientes prácticamente concluidos en Washington

Ciudad de México. — La Secretaría de Gobernación (Segob) salió el martes 5 de mayo a desmentir de forma tajante versiones que circularon en redes sociales sobre supuestas investigaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) en contra del secretario de Educación Pública, Mario Delgado, y del senador Adán Augusto López Hernández. “Esta información es falsa”, publicó la dependencia en su cuenta de X. Sin embargo, el contexto periodístico en el que se da el desmentido está lejos de ser sencillo.

La versión original fue difundida por el economista y exfuncionario Mario Di Costanzo, quien publicó en X que la titular de Gobernación habría notificado personalmente a Delgado y a López Hernández sobre investigaciones en su contra en territorio estadounidense. Di Costanzo agregó que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores habría solicitado información sobre sus movimientos financieros a instituciones bancarias mexicanas. La Segob respondió con un desmentido inmediato, pero no ofreció más detalles ni abrió espacio para preguntas.

El contexto que la Segob no mencionó

El desmentido de Gobernación llega en uno de los momentos de mayor turbulencia política para Morena en meses recientes. El detonador fue la acusación formal del Departamento de Justicia de EU contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, junto con otros nueve funcionarios y exfuncionarios de esa entidad, por presuntos vínculos con una facción del Cártel de Sinaloa. Ese caso ahorita en proceso generó una ola de especulación sobre quiénes más podrían estar en la mira de Washington.

Columnas de análisis político, basadas en fuentes de inteligencia y en el seguimiento del periodista Raymundo Riva Palacio en El Financiero, señalan que Mario Delgado es un nombre que aparece de forma recurrente en las peticiones del DOJ al gobierno mexicano. Según esas versiones, Delgado, junto con la exsecretaria de Gobernación y actual secretaria Luisa María Alcalde, forman parte de una ‘primera lista para acciones prontas’ del Departamento de Justicia, integrada por figuras de Morena con expedientes prácticamente concluidos en Washington.

Adán Augusto: el senador que renunció a la coordinación

En el caso de Adán Augusto López Hernández, actual senador por Morena y exsecretario de Gobernación durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el escenario tiene sus propias capas. El senador renunció recientemente a la coordinación del grupo parlamentario de Morena en el Senado, un movimiento que analistas políticos vinculan con las presiones que enfrenta desde Washington.

López Hernández encabeza el llamado ‘Grupo Tabasco’, una estructura política cuyo nombre aparece constantemente en los reportes de inteligencia compartidos entre México y EU. Durante su gobierno en Tabasco nombró como secretario de Seguridad a Hernán ‘N’, presunto líer de La Barredora, grupo vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación, capturado recientemente en Paraguay. El senador ha negado todos los señalamientos y asegurado no tener vínculo alguno con el crimen organizado.

La postura de Morena: esperar a la FGR

Ante la tormenta, la dirigencia nacional de Morena optó por la cautela. Carolina Rangel, secretaria general del partido, declaró que no se iniciará ningún proceso interno contra los señalados mientras la Fiscalía General de la República (FGR) no concluya sus propias investigaciones. La Comisión de Honestidad y Justicia del partido, agregó, solo intervendrá si hay determinaciones formales de la autoridad ministerial.

Paralelamente, la dirigencia reconoció la decisión del gobernador Rocha Moya de solicitar licencia y perder el fuero, lo que facilitaría las investigaciones en su caso. Para los analistas políticos, esa decisión marca un precedente que podría extenderse a otros funcionarios si Washington sigue adelantando sus expedientes.